Un grupo de ciudadanos trujillanos convocados por la Iniciativa Anticorrupción debatió una serie de propuestas para el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción, publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. La reunión tuvo lugar en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y culminó con la redacción de un documento que fue enviado al premier Yehude Simon. Todos los asistentes hicieron un voto de confianza para que esta vez los esfuerzos no caigan en saco roto y haya la voluntad política para llevar a cabo una campaña moralizadora que logre romper el círculo vicioso en el que nos hemos movido desde nuestra fundación como República.La abrumadora percepción ciudadana acerca de los altos niveles que ha alcanzado la corrupción ha puesto al actual gobierno en el reto de asumir el liderazgo de una lucha nacional contra la corrupción y por el fortalecimiento de la ética ciudadana. No se trata, por cierto, de una iniciativa propia surgida de una lucidez visionaria, sino de un acto defensivo frente al galopante descrédito de la clase política y a la constatación de los efectos corrosivos de esta lacra social en la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico del país.
La naturaleza reactiva del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ética ciudadana formulado por el gobierno constituye, de hecho, el primer síntoma de la fragilidad de esta propuesta, la que podría seguir camino al garete como ha ocurrido con otras tentativas anticorrupción fallidas. Muchas de estas también adolecieron de la misma falla de origen: surgieron como respuestas efectistas en medio de una contienda electoral o ante la indignación popular exacerbada en periodos de transición y de crisis gubernamental.
No obstante estos reparos, cabe señalar que, en materia de anticorrupción, no podemos esperar soluciones mágicas, de inmediatos efectos, por lo que en nada contribuye una actitud derrotista y escéptica. Parafraseando la célebre frase de José Carlos Mariátegui hay que ser un pesimista de la realidad y un optimista del ideal, por lo que vale la pena apostar por esta iniciativa y contribuir desde las diversas posiciones a que esta lucha cobre sus primeras victorias.
Claro que un recuento somero de las experiencias anticorrupción emprendidas en el pasado podría justificar el pesimismo apriorístico. Lo cierto es que sí queremos entablar una lucha frontal y duradera contra esta lacra social hay que insuflar un cauto optimismo para dar el primer paso en ese recorrido laberíntico de la lucha anticorrupción en nuestro país.
En este terreno, como en el de la política, las utopías son venenosas, terminan justificando cacerías de brujas o purgas indiscriminadas. La utopía a la que nos referimos es que la corrupción puede ser erradicada, aniquilada, desaparecida de la faz de la tierra como si viviéramos en una sociedad de arcángeles. En realidad, lo más sensato es que el objetivo de una lucha de esta dimensión sea minimizar el impacto que ejerce la corrupción en el quehacer político y el crecimiento económico.
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ëtica ciudadana publicado en Internet por la Presidencia del Consejo de Ministros y convertido en un caballo de batalla de la gestión del premier Yehude Simon, contiene siete objetivos estratégicos que abarcan las múltiples dimensiones del fenómeno de la corrupción de una manera sistémica, integral, participativa y sostenible. La novedad respecto de las anteriores experiencias es que no se ha optado por la creación de un zar anticorrupción o un órgano ad hoc, se ha preferido reforzar la institucionalidad vigente para enfrentar este mal endémico. Otro aspecto sui géneris es que se está promoviendo un debate nacional y el aporte de sugerencias y propuestas por parte de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Ante este requerimiento formulado por la Presidencia del Consejo de Ministros, la Iniciativa Anticorrupción surgida en la macrorregión Norte, cuyos ejes geográficos están situados en Trujillo, Cajamarca y Piura, ha planteado una serie de acciones y medidas para la lucha anticorrupción. Estas propuestas fueron debatidas el pasado 28 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio por representantes de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Asociación Civil Transparencia, Cedepas Norte, la Coordinadora Nacional de Radio, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de La Libertad, el Colegio de Periodistas del Perú Filial La Libertad, la Red Mundial de Científicos peruanos, entre otras instituciones y personalidades sociales.
La propuesta formulada tras un debate abierto está dividida en siete objetivos estratégicos. El primero, referido a promover el fortalecimiento de un Sistema Nacional articulado de Lucha contra la Corrupción, incluye la creación de una red interinstitucional en las instancias local y regional para articular diversas medidas que surjan de la iniciativa ciudadana en la dinámica del combate a la corrupción. La creación de comités anticorrupción en las provincias y fortalecer los comités de vigilancia de las entidades públicas es otra de los aportes planteados.
En cuanto a institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la Iniciativa Anticorrupción propone un par de medidas radicales: reducir de 4 al 2 por ciento el número del personal de confianza en el aparato del Estado implementando concursos públicos para el proceso de convocatoria de personal y la modificatoria de la ley orgánica de gobiernos locales y regionales para establecer sanciones eficaces y drásticas como la revocatoria y destitución de autoridades y funcionarios que impidan el funcionamiento de los mecanismos de control y vigilancia ciudadana.
En cuanto al tercer objetivo estratégico, la articulación de una estrategia judicial eficaz e integral contra la corrupción, la Iniciativa Anticorrupción propone la eliminación de los beneficios penitenciarios a los que incurran en delitos de corrupción, tal como ocurre con el narcotráfico y el terrorismo, y declarar asimismo la imprescriptibilidad de estos ilícitos penales. La impunidad de la corrupción se ha logrado, en muchos casos, por el mecanismo de la prescripción.
La creación de un subsistema al interior del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y fiscales para el procesamiento de los casos más visibles y emblemáticos de la corrupción. Y, de igual modo, la implementación de una ventana única de recepción de denuncias de corrupción que funcione permanentemente en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otros órganos de control pertinentes.
La lucha contra la corrupción, obviamente, no solo debe incluir medidas punitivas. La disuasión y el reconocimiento son mecanismos compensatorios que podrían contribuir a promover conductas éticas y dentro de la legalidad. La implementación de códigos de ética en los gremios empresariales y establecer algún mecanismo de reconocimiento público a empresas privadas que apliquen buenas prácticas forma parte de las sugerencias formuladas por la Iniciativa Anticorrupción.
Todas estas medidas no tendrán éxitos perdurables si no se logra promover la activa participación de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. Respecto a este quinto objetivo estratégico la Iniciativa plantea incluir a los directores y propietarios de los medios de comunicación en los comités anticorrupción de las provincias y en la red interinstitucional para articular diversas medidas que surjan de la iniciativa ciudadana en la dinámica del combate a la corrupción.
Todos los objetivos estratégicos formulados no garantizarían resultados satisfactorios y duraderos si antes no se establece un fuerte compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción. En relación a este sexto objetivo estratégico, se propone incluir a los colegios profesionales, a líderes de base de organizaciones civiles y a diversas personalidades que gocen de consenso y prestigio social.
La cooperación internacional es asimismo clave en la lucha anticorrupción. Los tentáculos de esta lacra social se han extendido globalmente y, por lo tanto, es necesario movilizar a la sociedad mundial en esta cruzada. El concepto de responsabilidad compartida debe constituir en un fuerte impulso para entablar una lucha frontal y sostenible.
Los objetivos estratégicos enumerados en el Plan Nacional descrito anteriormente deben constituirse en políticas de Estado. La corrupción no debe ser solo tema de coyuntura, un asunto que vuelve a la agenda pública cada vez que un escándalo sacude la conciencia ciudadana y se hace evidente la precariedad institucional. Sin un verdadero saneamiento de la moral pública no tendremos democracia estable y duradera. En materia anticorrupción, nuestro país debería dejar de ser una promesa incumplida.
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