Por. Luis Gómez Cornejo/Columnista.

La corrupción ha venido evolucionando, adecuándose a las nuevas circunstancias políticas y económicas contemporáneas. Hemos pasado del accionar individualizado delictivo al ya conocido y denominado como "criminalidad gubernativa", donde los hechos delictivos son cometidos por un conjunto de gobernantes que, al disfrutar de una capacidad de información, influencia y decisión del manejo de la "cosa pública", pueden cometer fácilmente los delitos y evitar su investigación y sanción, contribuyendo así a difuminar la ecuación de legalidad entre Estado y ciudadanos.
Esta destrucción del Estado de Derecho, desbordado por una corrupción generalizada, debe ser afrontada con reformas prácticas y de inmediata implementación, sin olvidar que el sistema contra la corrupción está íntimamente ligada a la modernización del Estado.
Prevención
Es política reconocida internacionalmente que las agencias de prevención de delitos como de "Criminalidad Gubernativa", como son el lavado de dinero proveniente no sólo del narcotráfico, sino también de la obtención ilícita de recursos del Estado, contrabando y otros, deben ser ejecutadas por entidades independientes del Poder Estatal y del Poder Ejecutivo en especial, para que puedan operar con la mayor independencia posible.
Sin embargo el actual gobierno en este aspecto ha venido actuando en el sentido contrario, enviando una señal muy negativa de permisividad de la corrupción, al transferir, por supuestas razones económicas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio de Economía y Finanzas, eliminando así la independencia y autonomía que su función requiere.
La presencia autónoma y reestructurada de la UIF posibilitará que no sólo investigue los delitos derivados del narcotráfico, sino también el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, desde el Presidente, sus ministros y viceministros, hasta los congresistas, presidentes regionales, los alcaldes, los miembros de las fuerzas armadas, los directores generales, los jefes de organismos descentralizados, los directores de Empresas Publicas, etc.
ContraloríaEn cuanto a la Contraloría, se requiere: (a) modificar su perfil operativo para el logro de una gestión pública más eficaz y transparente, (b) establecer regímenes de control diferenciados según la dimensión de los recursos gestionados, pues actualmente se aplica los mismos criterios de control tanto para un pequeño municipio como para una gran corporación pública. (c) Crear una Oficina de Control Especializado, que actúe conjuntamente con la UIF y el Ministerio Publico y se dedique a escrutar casos de alta magnitud o de gran complejidad técnica.

Un grupo de ciudadanos trujillanos convocados por la Iniciativa Anticorrupción debatió una serie de propuestas para el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción, publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. La reunión tuvo lugar en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y culminó con la redacción de un documento que fue enviado al premier Yehude Simon. Todos los asistentes hicieron un voto de confianza para que esta vez los esfuerzos no caigan en saco roto y haya la voluntad política para llevar a cabo una campaña moralizadora que logre romper el círculo vicioso en el que nos hemos movido desde nuestra fundación como República.

La abrumadora percepción ciudadana acerca de los altos niveles que ha alcanzado la corrupción ha puesto al actual gobierno en el reto de asumir el liderazgo de una lucha nacional contra la corrupción y por el fortalecimiento de la ética ciudadana. No se trata, por cierto, de una iniciativa propia surgida de una lucidez visionaria, sino de un acto defensivo frente al galopante descrédito de la clase política y a la constatación de los efectos corrosivos de esta lacra social en la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico del país.
La naturaleza reactiva del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ética ciudadana formulado por el gobierno constituye, de hecho, el primer síntoma de la fragilidad de esta propuesta, la que podría seguir camino al garete como ha ocurrido con otras tentativas anticorrupción fallidas. Muchas de estas también adolecieron de la misma falla de origen: surgieron como respuestas efectistas en medio de una contienda electoral o ante la indignación popular exacerbada en periodos de transición y de crisis gubernamental.
No obstante estos reparos, cabe señalar que, en materia de anticorrupción, no podemos esperar soluciones mágicas, de inmediatos efectos, por lo que en nada contribuye una actitud derrotista y escéptica. Parafraseando la célebre frase de José Carlos Mariátegui hay que ser un pesimista de la realidad y un optimista del ideal, por lo que vale la pena apostar por esta iniciativa y contribuir desde las diversas posiciones a que esta lucha cobre sus primeras victorias.
Claro que un recuento somero de las experiencias anticorrupción emprendidas en el pasado podría justificar el pesimismo apriorístico. Lo cierto es que sí queremos entablar una lucha frontal y duradera contra esta lacra social hay que insuflar un cauto optimismo para dar el primer paso en ese recorrido laberíntico de la lucha anticorrupción en nuestro país.
En este terreno, como en el de la política, las utopías son venenosas, terminan justificando cacerías de brujas o purgas indiscriminadas. La utopía a la que nos referimos es que la corrupción puede ser erradicada, aniquilada, desaparecida de la faz de la tierra como si viviéramos en una sociedad de arcángeles. En realidad, lo más sensato es que el objetivo de una lucha de esta dimensión sea minimizar el impacto que ejerce la corrupción en el quehacer político y el crecimiento económico.
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ëtica ciudadana publicado en Internet por la Presidencia del Consejo de Ministros y convertido en un caballo de batalla de la gestión del premier Yehude Simon, contiene siete objetivos estratégicos que abarcan las múltiples dimensiones del fenómeno de la corrupción de una manera sistémica, integral, participativa y sostenible. La novedad respecto de las anteriores experiencias es que no se ha optado por la creación de un zar anticorrupción o un órgano ad hoc, se ha preferido reforzar la institucionalidad vigente para enfrentar este mal endémico. Otro aspecto sui géneris es que se está promoviendo un debate nacional y el aporte de sugerencias y propuestas por parte de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Ante este requerimiento formulado por la Presidencia del Consejo de Ministros, la Iniciativa Anticorrupción surgida en la macrorregión Norte, cuyos ejes geográficos están situados en Trujillo, Cajamarca y Piura, ha planteado una serie de acciones y medidas para la lucha anticorrupción. Estas propuestas fueron debatidas el pasado 28 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio por representantes de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Asociación Civil Transparencia, Cedepas Norte, la Coordinadora Nacional de Radio, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de La Libertad, el Colegio de Periodistas del Perú Filial La Libertad, la Red Mundial de Científicos peruanos, entre otras instituciones y personalidades sociales.
La propuesta formulada tras un debate abierto está dividida en siete objetivos estratégicos. El primero, referido a promover el fortalecimiento de un Sistema Nacional articulado de Lucha contra la Corrupción, incluye la creación de una red interinstitucional en las instancias local y regional para articular diversas medidas que surjan de la iniciativa ciudadana en la dinámica del combate a la corrupción. La creación de comités anticorrupción en las provincias y fortalecer los comités de vigilancia de las entidades públicas es otra de los aportes planteados.
En cuanto a institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la Iniciativa Anticorrupción propone un par de medidas radicales: reducir de 4 al 2 por ciento el número del personal de confianza en el aparato del Estado implementando concursos públicos para el proceso de convocatoria de personal y la modificatoria de la ley orgánica de gobiernos locales y regionales para establecer sanciones eficaces y drásticas como la revocatoria y destitución de autoridades y funcionarios que impidan el funcionamiento de los mecanismos de control y vigilancia ciudadana.
En cuanto al tercer objetivo estratégico, la articulación de una estrategia judicial eficaz e integral contra la corrupción, la Iniciativa Anticorrupción propone la eliminación de los beneficios penitenciarios a los que incurran en delitos de corrupción, tal como ocurre con el narcotráfico y el terrorismo, y declarar asimismo la imprescriptibilidad de estos ilícitos penales. La impunidad de la corrupción se ha logrado, en muchos casos, por el mecanismo de la prescripción.
La creación de un subsistema al interior del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y fiscales para el procesamiento de los casos más visibles y emblemáticos de la corrupción. Y, de igual modo, la implementación de una ventana única de recepción de denuncias de corrupción que funcione permanentemente en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otros órganos de control pertinentes.
La lucha contra la corrupción, obviamente, no solo debe incluir medidas punitivas. La disuasión y el reconocimiento son mecanismos compensatorios que podrían contribuir a promover conductas éticas y dentro de la legalidad. La implementación de códigos de ética en los gremios empresariales y establecer algún mecanismo de reconocimiento público a empresas privadas que apliquen buenas prácticas forma parte de las sugerencias formuladas por la Iniciativa Anticorrupción.
Todas estas medidas no tendrán éxitos perdurables si no se logra promover la activa participación de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. Respecto a este quinto objetivo estratégico la Iniciativa plantea incluir a los directores y propietarios de los medios de comunicación en los comités anticorrupción de las provincias y en la red interinstitucional para articular diversas medidas que surjan de la iniciativa ciudadana en la dinámica del combate a la corrupción.
Todos los objetivos estratégicos formulados no garantizarían resultados satisfactorios y duraderos si antes no se establece un fuerte compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción. En relación a este sexto objetivo estratégico, se propone incluir a los colegios profesionales, a líderes de base de organizaciones civiles y a diversas personalidades que gocen de consenso y prestigio social.
La cooperación internacional es asimismo clave en la lucha anticorrupción. Los tentáculos de esta lacra social se han extendido globalmente y, por lo tanto, es necesario movilizar a la sociedad mundial en esta cruzada. El concepto de responsabilidad compartida debe constituir en un fuerte impulso para entablar una lucha frontal y sostenible.
Los objetivos estratégicos enumerados en el Plan Nacional descrito anteriormente deben constituirse en políticas de Estado. La corrupción no debe ser solo tema de coyuntura, un asunto que vuelve a la agenda pública cada vez que un escándalo sacude la conciencia ciudadana y se hace evidente la precariedad institucional. Sin un verdadero saneamiento de la moral pública no tendremos democracia estable y duradera. En materia anticorrupción, nuestro país debería dejar de ser una promesa incumplida.

La vocal del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del distrito de Pacasmayo, Nancy Reyes Ventura, opinó que la indiferencia de la población respecto a la lucha contra la corrupción en Pacasmayo se debe a la falta de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
“Por eso urge realizar una campaña educativa muy fuerte tal como ha anunciado el primer ministro Yehude Simon, de lo contrario la gente se mantendrá al margen de la lucha anticorrupción y no se lograrán resultados concretos”, acotó.
Estas declaraciones las vertió tras participar en el curso taller denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región norte del Perú” que organizó la Iniciativa Anticorrupción en la provincia de Pacasmayo y en el que participaron diversos dirigentes de organizaciones sociales.
El presidente del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2008 del distrito de Pacasmayo, ingeniero Jacob Tejada Hernández, resaltó la utilidad del evento porque “nos ha brindado criterios y mecanismos para cumplir con más eficacia nuestra labor de fiscalización”.
Tejada Hernández denunció el uso político que el alcalde está dándole a los recursos presupuestales para evitar que los pobladores voten por su revocatoria en un proceso electoral programado para el próximo 7 de diciembre.
“Ha empezado a hacer obras menudas como el parchado de pistas y veredas para ganar el voto antirevocatoria mientras que los grandes proyectos como la rehabilitación del muelle, construcción del terrapuerto o la ejecución de obras de infraestructura de gran magnitud han sido abandonados desaprovechando la oportunidad de lograr su financiamiento”, sostuvo el dirigente.
El presidente de la Junta vecinal El Porvenir, Manuel Risco Albizu, consideró muy útil el curso taller porque permite reflexionar sobre un asunto tan complejo como la corrupción que los ciudadanos enfrentan cotidianamente a diversos niveles de la administración pública.
El curso taller trató sobre la lucha anticorrupción, los instrumentos legales como la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los mecanismos de rendición de cuentas. La Iniciativa Anticorrupción está conformada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Defensoría del Pueblo, Cedepas Norte, Transparencia, la Coordinadora Nacional de Radio, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Colegio de Periodistas de La Libertad.

El presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas, Carmelo Espejo Rodríguez, opinó que es necesario impartir a los campesinos campañas de educación en torno a la corrupción, pues la mayoría de ellos tiene un bajo nivel educativo. “Esta situación constituye una barrera para que los campesinos entiendan los mecanismos de control y fiscalización ciudadana”, expresó.

El dirigente explicó que entre los hombres del campo hay más preocupación por el tema de la corrupción y comprenden que constituye un lastre para la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico del país. “Ojalá la Iniciativa Anticorrupción pueda dictar talleres a los dirigentes ronderos para contribuir a formar ciudadanía y a que cumplan una labor fiscalizadora más eficaz de sus autoridades”, acotó.

Agregó que a nivel provincial hay 120 organizaciones que abarcan a más de diez mil ronderos.

La coordinadora de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos del Sector Educación (CADER), abogada Lourdes Rojas Muñoz, coincidió con el dirigente rondero en que hace mucha falta informar sobre la lucha anticorrupción a los caseríos y distritos de Otuzco.

“La gente carece de información sobre los mecanismos de lucha contra la corrupción y teme acudir al Poder Judicial y a la Fiscalía por la falta de credibilidad y porque consideran que estas instancias son costosas e ineficientes”, indicó.

El director del Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de la Asunción de Otuzco, Segundo Rumiche Saldaña, expresó que el curso taller dictado por la Iniciativa Anticorrupción resultó útil para que los dirigentes elaboren una lista de las instituciones más afectadas por el fenómeno de la corrupción en esa provincia del ande liberteño.

Añadió que la población percibe que la corrupción actualmente está enquistada en el municipio provincial por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.

El curso taller dictado trató sobre la lucha anticorrupción, los instrumentos legales como la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa Anticorrupción está conformada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Defensoría del Pueblo, Cedepas Norte, Transaparencia, la Coordinadora Nacional de Radio, Transparencia, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Colegio de Periodistas de La Libertad.

Ayer en el auditorio del CIPCA se desarrolló el taller sobre lucha contra la corrupción desde los medios de comunicación, organizado por el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS NORTE) y el apoyo de Radio Cutivalú, con el objetivo de sensibilizar a los periodistas de la región para que puedan luchar desde sus medios contra la corrupción en todos sus niveles.
Durante el taller se hizo una reseña histórica del proceso de corrupción en el Perú y se mostró la actitud de la radio frente a este problema. Además, se dejo en claro que la gente ve como algo normal la corrupción, dando pie a la ambivalencia de que “es malo pero igual tengo que trabajar”.Entre los ponentes del evento destacaron: Ricardo Castillo y Luís Lozada de Radio Cutivalú, Carlos Silva (director de Cedepas Piura) y Henry Córdova Bran de Cedepas Norte.

Por Henry Córdova Bran

En los últimos días, a raíz de la suspicacia que han despertado los beneficios carcelarios de Alberto Fujimori y que se están relacionando con la alianza APRA-fujimorista que le permitió al gobierno obtener nuevamente la presidencia del legislativo, se ha vuelto a poner en agenda el tema de los grados de corrupción que existen en el país; “total, así son todos” dicen algunos ciudadanos y ciudadanas “de a pie”. Pero cuál es el fondo real del problema de la corrupción en el país que ha llegado a parecer un asunto natural.

En Principio se puede asumir, como lo refiere el historiador Alfonso Quiroz, que “la corrupción se puede explicar como un legado colonial, es decir, como la persistencia de prácticas tradicionales en la administración pública”, en este sentido el hablar de “prácticas tradicionales” al referirse a la corrupción se le puede definir como una práctica social.

Es necesario definir esto de manera correcta porque la corrupción se ha convertido en los últimos años como uno de los principales problemas de la sociedad peruana, que causa su retraso en el desarrollo; al punto que en una de las últimas encuestas realizadas por IPSOS Apoyo en el mes de abril la corrupción desplazaba al desempleo como principal problema del país, entonces la percepción de la corrupción alcanzaba el 43%.

De allí que en el imaginario popular la corrupción es algo así como “un saco donde todos entran, menos yo”, “todos son corruptos” dice el ciudadano y la ciudadana que mira a través de las noticias que difunden los medios de comunicación titulares como “ganó con Tránsfugas y fujimoristas” “ES UNA BURLA, inspectores de tolerancia cero dejan pasar ómnibus defectuosos” “MAS ESCÁNDALOS, congresista cobraba ilícitamente a su empleada” “tráfico de claves en examen de IDEPUNP”.

En su libro “Romper la Mano, una interpretación cultural de la corrupción”, Ludwig Huber cita a Felipe Portocarrero cuando afirma que la corrupción es “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. La corrupción en el Perú tiene una larga tradición, en el siglo XIX la escritora Mercedes Cabello de Carbonera definía al Perú como “un país donde el ministro roba el cajero fiscal especula, el diputado se vende y el secretario pone precio a sus buenos oficios”, finalmente, nuestro historiador Jorge Basadre decía que la corrupción es “la adaptación criolla a las normas rígidas coloniales que derivaron en la actitud ‘obedezco pero no cumplo’”

Es en esta línea del comentario de Jorge Basadre que el imaginario popular se ha ido desarrollando en nuestra historia republicana respecto a la corrupción, de manera solapada primero hasta llegar a formas abiertamente aceptadas por la misma población que ya no es solamente la víctima de la corrupción sino parte de ella. Huber refiere en su libro que a lo largo del siglo XX hasta ahora hay prácticas que se han institucionalizado como la “propina” para liberarse de alguna multa, el nepotismo o el “tarjetazo” para recibir atención preferencial.

La corrupción y el imaginario popular

El imaginario popular, ideas y conceptos que una sociedad adopta como verdades, tiene en el país una fuerte tradición. En el caso de la corrupción este imaginario popular ha ido derivando en frases como “total, si todos son corruptos” “robaba, pero hacía obras” “era corrupto, pero así son todos”. De tal manera que estas ideas asumidas como verdades en nuestro país han hecho que la corrupción aparezca como algo tan natural a los peruanos, que incluso ha ampliado el concepto inicial de la corrupción a otros espacios.

Inicialmente Transparencia Internacional definió la corrupción como “uso de un cargo público para el beneficio privado” de tal manera que sólo podía ser corrupto quien ejercía un cargo público. Después del 2001, Transparencia Internacional amplió el concepto a “abuso de un poder encomendado para el beneficio privado” ya en este caso no sólo el sector público podía ser corrupto, sino también el sector privado.

En el Perú la corrupción pasó a formar parte de un imaginario popular mayoritario cuando se demostró el grado de corrupción que había en el régimen del gobierno de Alberto Fujimori. La prensa hizo de la corrupción un tema de agenda continua que mantuvo y amplió durante el gobierno de Alejandro Toledo.

La gente empezó a hablar más sobre la corrupción y opinaba al respecto. Sin embargo al parecer, mientras más se habla de corrupción y se le critica como un hecho negativo así también se le acepta con mayor facilidad. Esto porque uno puede escuchar de las personas sobre la corrupción que hay desde el Gobierno Central hasta los gobiernos locales de los distritos más pequeños, todos entran en el mismo saco, sin embargo “uno se acostumbra a vivir con eso” lo asume como normal. La relación en el imaginario popular referente a la corrupción parece estar dada como “más sabemos sobre la existencia de la corrupción, más se acepta como un hecho natural”.

El ciudadano y la ciudadana tienen otras preocupaciones, más inmediatas y aún no se asume el costo que la corrupción le significa al país, según Proética la corrupción le cuesta al país el 15% del presupuesto público es decir 6 mil millones de soles anuales. Sin embargo tal como lo refiere Huber en su texto, la corrupción no sólo debe ser identificada como un problema para la economía de un país o para su sistema político que afecta a la democracia. En su mirada antropológica afirma que “en antropología, la corrupción es considerada una práctica social compleja, con sus variaciones locales, donde se entremezclan prácticas como el nepotismo, el abuso de poder y la malversación de recursos públicos con estructuras particulares de reciprocidad y de poderes locales, es decir la corrupción no existe en el vacío social”.

A partir de aquí es que se puede empezar a entender el imaginario popular respecto de la corrupción, aún hay que resolver preguntas como ¿por qué si la corrupción es considerada por todos como un hecho negativo se torna permisible en una sociedad? ¿Cómo actúan las personas frente a la gran corrupción y a la pequeña o micro corrupción? ¿Estamos entendiendo todos y todas la corrupción de la misma manera? Para tratar de responder estas preguntas CEDEPAS NORTE ha iniciado el proyecto “la lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región norte del perú" que se desarrollará en los departamentos de LA Libertad, Cajamarca y Piura, con el cual se espera conocer como es vista la corrupción desde espacios locales para promover en la reducción de la tolerancia frente a la corrupción en el “imaginario popular”.

Por: Henry Córdova Bran

En el 2001 la ahora congresista piurana Marisol Espinosa afirmaba que el nepotismo, el tráfico de influencia, la corrupción de funcionarios y el aprovechamiento del cargo son los pecados más comunes en la administración pública de Piura.

Junto a otros actores locales analiza el problema de la corrupción, definiéndola como un mal generalizado que extendía sus tentáculos a nivel nacional y local.

En ese texto, que respondía a una coyuntura en la que la corrupción ocupaba las primeras páginas luego de los continuos destapes de la mafia encabezada por Vladimiro Montesinos; se revisan los principales casos de corrupción que se vivían entonces en Piura y se apuesta por una lucha frontal contra la corrupción.

Por ese entonces el Doctor Julio Castro afirmaba que “el problema de la corrupción es que los ciudadanos comunes tendemos a creer que la mayoría de servicios públicos no son un derecho, sino un producto primario, escaso, cuya oferta y precios están controlados por las fuerzas del mercado”

Siete años después la corrupción vuelve a ocupar las primeras páginas de los principales medios de comunicación a nivel nacional como resultado de una serie de destapes sobre corrupción en personajes muy cercanos a las más altas esferas del poder político en el país.

En medio de esta nueva coyuntura de escándalos y graves denuncias sobre corrupción, los medios locales empiezan también a levantar casos de corrupción que aparecen en sectores locales. Casos como la denuncia con os manejos del Vaso de Leche, los procesos de ventas de tierras en el Valle del Chira los manejos al interior de las principales entidades de gobierno regional o locales son entre otras cosas hechos que vienen marcando la agenda informativa en nuestra ciudad.

Frente a esto, en una reunión de periodistas de distintas partes de la región organizada por CEDEPAS NORTE y Radio Cutivalú el pasado 26 e octubre; los comunicadores presentes alertaron sobre la presencia que la corrupción tiene en niveles de gobierno inferiores como los distritos. Y es que es allí dónde la corrupción llega a afectar de manera directa a los pobladores de una localidad y se percibe de mejor manera las reacciones de los ciudadanos y ciudadanas frente a hechos corruptos.

Cosas mínimas como la recomendación de un familiar para que trabaje en alguna entidad pública puede ser considerado en alguna localidad como Vice en la provincia de Sechura como algo normal, mientras que para otro sector de la población se consideraría un hecho corrupto.

Así las percepciones sobre la corrupción son variables en Piura, pues se puede calificar de corrupta las instancias mayores de las autoridades regionales “pues sólo dan trabajo a los miembros de su partido” como refiere una pobladora viceña pero en cambio para por alto algunas otras acciones como hacer un pago ara ser atendido en un trámite que “está demorando”

Ricardo Castillo, periodista de Radio Cutivalú, afirmó que la corrupción es rechazada por la población en general, sin embargo al mismo tiempo esta misma población envidia los beneficios que otros obtienen de la corrupción, por lo que acaso este sea el origen del imaginario colectivo que a la larga se torna permisivo de acciones corruptas.

En algunos espacios de Piura, el fortalecimiento de la sociedad civil ha permitido que la vigilancia hacia las autoridades permitiera un mejor gobierno municipal a partir de una mayor participación ciudadana. Finalmente son las organizaciones sociales con suficiente capacidad de control y participación las que pueden exigir un mejor manejo de las instituciones públicas. En el mismo encuentro con periodistas, el director de CEDEPAS NORTE, Carlos Silva Velásquez, reconoció que la corrupción es uno de los grandes temas a solucionar y combatir en el país y que en esto los medios de comunicación tienen una tarea principal, ya que “es necesario contar con personas que llamen a las cosas por su nombre sin temor alguno, a la corrupción hay que llamarla por su nombre sin contemplaciones, sólo así podemos construir una mejor sociedad para el futuro” afirmó.

En esta nueva coyuntura de primeras planas sobre corrupción a nivel nacional, es imperioso incidir en las agendas locales que permitan visualizar los riesgos de corrupción a escala regional y local, con la tarea de fomentar una cultura de anticorrupción en cada una de nuestras localidades.

Iniciativa Anticorrupción emprende jornadas descentralizadas de capacitación

Un curso-taller sobre la corrupción y las formas de combatirla con instrumentos legales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los mecanismos de rendición de cuentas realizó la Iniciativa Anticorrupción en la provincia de Chepén. En el evento participaron dirigentes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El dirigente del Comité de Vigilancia del presupuesto participativo, Humberto Cepeda Espinoza, opinó que “hoy más que nunca los miembros de la sociedad civil deben reflexionar sobre la corrupción”. Añadió que Chepén vive conmovida por la escandalosa corrupción en la Municipalidad Provincial, situación que se agrava aún más por la indiferencia de la ciudadanía.
“Por eso un evento anticorrupción puede contribuir a incentivar cambios de mentalidad para que la ciudadanía participe fiscalizando y controlando el manejo de los recursos públicos”, acotó el veterano dirigente.
Otro de los participantes en el curso-taller, el apoderado judicial de la Comunidad campesina de Chepén, Ricardo Escalante Banda, corroboró el alto índice de percepción de la corrupción de la autoridad edil en esa provincia. “Los reclamos populares no son atendidos. Las autoridades gobiernan sin dar prioridad a la calidad de vida de la persona humana. Y por eso en Chepén se advierte desesperanza porque la impunidad de la corrupción administrativa nos conduce al caos y a la desconfianza”, explica.
El ex dirigente de la Asociación de Cesantes de Educación, Carlos Cerna Rodríguez, afirmó que el bajo nivel cultural de los pobladores es la causa de la indiferencia ciudadana frente a los altos niveles de corrupción. “Y, además, la escasa credibilidad en las instancias de control y en el Poder Judicial que dilatan las investigaciones hasta que pierden la atención pública”, acotó.
En el evento los dirigentes elaboraron una lista de las instituciones cuya imagen está más afectada por la corrupción y la que encabeza el primer lugar de esta lista es el Concejo Provincial de Chepén. Los dirigentes afirmaron que se ha formado un Frente de Defensa de Chepén que asumirá la lucha anticorrupción en esta zona.
Como se sabe, la iniciativa anticorrupción- integrada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, CEDEPAS Norte, la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Radio y Transparencia, en la provincia de Chepén- está llevando a cabo un proyecto denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región Norte del Perú”.

Un nuevo reto se ha propuesto alcanzar CEDEPAS Norte, con la puesta en marcha del proyecto denominado “La Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región norte del Perú”, cuyo ámbito de trabajo abarcará las regiones de Piura, Cajamarca y La Libertad.

El proyecto tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de la gestión en gobiernos locales y regionales, así como fomentar la participación ciudadana para que se involucren, como un derecho y una responsabilidad, en la vigilancia del desempeño de autoridades y funcionarios estatales en la gestión de los recursos públicos.

En la década del 90, el poder político peruano se centralizó en los altos mandos del gobierno fujimorista. En aquel entonces, los procesos democráticos y descentralistas aún eran una utopía, y más bien la corrupción política se fortalecía sistemáticamente, comprando voluntades y hundiendo al país en el retraso y pobreza; pero con la caída del régimen se destapó la corrupción y, de manera paulatina durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y luego durante la presidencia de Alejandro Toledo, la democracia fue instaurándose nuevamente y con más fuerza en el país.

Sin embargo, los reclamos de la ciudadanía y las conductas poco transparentes de diversas autoridades en el uso de los recursos públicos –que se observan a diario en nuestros días- revelan que la democracia aún requiere ser fortalecida en el Perú.

Por estos días, en que gobierna el país Alan García Pérez, con algunas excepciones en gobiernos locales y regionales, se observan en líneas generales serias deficiencias en la democratización de las gestiones ediles, en la promoción de procesos participativos, así como en la instalación de servicios básicos en las poblaciones menos favorecidas.

Ante esto, CEDEPAS Norte, a través de este proyecto, trabajará a tres niveles. Sensibilizar a la ciudadanía y autoridades sobre el tema de la corrupción y todas sus aristas, capacitar a sociedad civil, ciudadanía, autoridades y medios de comunicación para darles herramientas que a la postre viabilicen iniciativas anticorrupción, y finalmente conseguir que el tema de la corrupción y su combate forme parte de la agenda pública de los gobiernos locales y regionales, incluyendo a las redes de vigilancia ciudadana.

CEDEPAS Norte apelará a formar alianzas estratégicas con instituciones que ya están trabajando en el tema anticorrupción para unir esfuerzos y lograr con mayor solidez el objetivo.

Hasta el momento no se ha producido el desarrollo de una reflexión sobre el fenómeno de la corrupción, su presencia e implicancias para la afirmación democrática del país. En este sentido CEDEPAS Norte quiere aportar a difundir la importancia del problema y reforzar su intervención a favor del afianzamiento de la institucionalidad democrática del norte.

La lucha anticorrupción desde el Estado ha sido la mayoría de las veces en nuestro país expresión de una buena intención coyuntural o un ardid publicitario para ganar réditos políticos, más que un compromiso real y firme para combatir a este flagelo que carcome los cimientos de la confianza pública, pone en riesgo la gobernabilidad democrática y socava la sostenibilidad del desarrollo económico.
De un tiempo a esta parte, ha ido ganando consenso entre los organismos multilaterales financieros, sociales y políticos la idea de que la corrupción es un problema que amenaza los procesos de desarrollo emprendidos sobre todo en los denominados países en desarrollo y en los países emergentes tras la caída del modelo comunista soviético.

El Banco Mundial desde hace ya unos años financia programas anticorrupción a países interesados en el combate a esta lacra social. Y la cooperación internacional, sobre todo a cargo de Transparencia Internacional, pero que podría ir comprometiendo a otras agencias cooperantes, parece comprender que el desarrollo económico-social no podrá consolidarse si al mismo tiempo no se logra reducir a mínimos radicales el alto nivel de corrupción que afecta algunos países como el Perú.

El mismo concepto de corrupción, que había sido sometido a cánones restringidos que abarcaba solo el aspecto económico o jurídico, o se reducía a una óptica burocrática en la que solo bastaba con desenmarañar el asfixiante reglamentarismo para disminuir el fenómeno de la corrupción, ha sufrido un proceso de redefinición que arroja luces sobre el ambivalente concepto de corrupción y permite avizorar una estrategia de lucha contra este mal de una manera más frontal y eficaz, que ataque las raíces del mal y no solo cicatrice las heridas epidérmicas. Hoy las ciencias sociales, desde el ámbito de la antropología, la etnología y la cultura, nos permite delinear el rostro híbrido de la corrupción, desechando la visión maniquea que divide a los ciudadanos en víctimas y corruptos, nobles y villanos, malos y buenos.
Todos tenemos una cuota de culpa en la supervivencia y proliferación del fenómeno de la corrupción, por lo que hay que atacar, por ejemplo, el alto nivel de tolerancia que existe en nuestro país a esta lacra social. Según una encuesta nacional sobre anticorrupción realizada por Proética el año 2002 el 70 por ciento de peruanos manifiesta un riesgoso grado de tolerancia a la microcorrupción. En este escenario resulta explicable porque los vaivenes y manoseos a que se somete la lucha anticorrupción no merecen el unánime y enérgico rechazo de la ciudadanía.

La reciente desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción, cuya efímera vida institucional de apenas nueve acabó sin pena ni gloria, ha sido aceptada con indiferencia por la ciudadanía. No nos hagamos muchas esperanzas con las declaraciones líricas de voluntad moralizadora de las autoridades gubernamentales de turno, la lucha anticorrupción deberá ser enarbolada desde la sociedad civil por instituciones como la Defensoría del Pueblo que ha conformado un equipo anticorrupción encargado de impulsar un plan piloto en Ayacucho, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Apurímac. O por Cedepas Norte, una organización no gubernamental que ha lanzado un proyecto denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región Norte del Perú”. Iniciativas como éstas son las que permitirán darle consistencia en la agenda pública y continuidad a un tema que constituye un riesgo central para la estabilidad social, política y económica del país.

No dejemos que lucha anticorrupción se pierda entre la urgencia y la emergencia

La organización no gubernamental Cedepas Norte impulsa desde hace unas semanas un proyecto denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región Norte del Perú”, cuyo objetivo básico es contribuir a formar conciencia pública sobre el problema de la corrupción desde la perspectiva de la sociedad civil en las provincias del Norte. Según el consultor del proyecto, sociólogo Iván Mendoza, se trata además de darle cierta continuidad al tema de la corrupción en la agenda pública. Este fenómeno es muy difícil de abarcar desde una visión unilateral, en esta entrevista se da cuenta de las distintas aproximaciones a la corrupción y de la necesidad de afrontarla con una visión integral que incluya a la cultura que constituye el telón de fondo que explica, por ejemplo, por qué en nuestro país existe un alto índice de tolerancia a la corrupción.

La corrupción ha dejado de ser un tema central de la agenda pública, no obstante que la gente la percibe como un asunto de fondo, ¿a qué crees que se deba este doble estándar: no logra figurar en los sondeos de opinión en los primeros lugares y está sin embargo en el imaginario colectivo como un problema estructural?

Hay varias formas de abordar ese problema. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo que dice el antropólogo Ludwig Huber: la corrupción no solo es un problema de abuso del poder público con fines privados, sino que hay una serie de normas y valores que están arraigados en la cultura criolla y que fomentan cierta propensión y tolerancia a los actos corruptos. Por otro lado, este es un país pobre donde el Estado no ha terminado de modernizarse, no ha cuajado la separación entre lo público y lo privado como ocurrió en Europa en el siglo XIX. A estas circunstancias hay que añadir la discontinuidad de las campañas anticorrupción, la discontinuidad de la agenda política. El Perú es un país muy dinámico, un tema que hoy es importante luego es relegado por otras razones y como no hay nadie detrás, me refiero a instituciones, partidos, organizaciones que la sostengan de manera sistemática la preocupación por la corrupción se pierde entre la urgencia y la emergencia.

Proética abordó el tema de la corrupción y cumplió un papel muy interesante en los años de transición a fines de la década de los noventa, ¿cuál es el enfoque que Cedepas va a dar al tratamiento de la corrupción que le permita continuar y superar iniciativas del pasado?

Lo más novedoso es que vamos a trabajar desde la perspectiva de la sociedad civil, desde la población organizada, sectores urbanos y rurales en muchos casos pobres y marginales. Hasta hoy iniciativas muy importantes como la de Proética, por ejemplo, han trabajado el tema de la corrupción desde el Estado, desde la superestructura, lo cual nos parece un esfuerzo muy necesario pero insuficiente. Creemos que hay que dar un paso más allá: la corrupción también arraiga en la cultura de la gente y solo podrá ser combatida eficazmente cuando tomemos conciencia de eso y contribuyamos a cambiar ciertas prácticas tan arraigadas en las normas y valores sociales. Hay que darle a la población organizada elementos para que puedan entender qué es la corrupción, la identifique con más rigurosidad y pueda combatirla y, finalmente, cambie sus actitudes colectivas.

El problema es que en nuestro país hay, según sondeos de opinión realizados por Proética, un alto nivel de tolerancia a la corrupción, lo que sin duda plantea serios desafíos para combatir esta lacra social eficazmente. ¿A qué cree se deba este índice tan alto de tolerancia a la corrupción?

Las diversas investigaciones que se han hecho nos permiten formular algunas hipótesis interesantes y muy controvertidas. Algunos sostienen que el alto índice de tolerancia a la corrupción se explica por el propio origen de la cultura criolla peruana, que es transgresora porque nació como expresión de un sector social marginal y emergente en la colonia, el cual estaba excluido del disfrute del poder económico y político, y al que se le aplicaban determinadas leyes y reglamentaciones que tuvieron que aprender a evadir para tener éxito social. Esta situación hizo que germinara la idea de sacarle la vuelta a las leyes y a las normas, que arraigó y se extendió en medio de una cultura en la que no había la idea del éxito a través del esfuerzo personal. La ausencia de una ética del trabajo era, por lo demás, coherente con una sociedad premoderna jerarquizada y desigual, en la que no regía la lógica del mercado y las leyes eran vistas como algo externo, excluyente e importado. En este contexto se legitimaba la idea de sacarle la vuelta a las leyes, la cultura de la viveza y hasta una cierta admiración por el vivo o el pendejo.

Ahora hay atisbos de que esto está cambiando, ¿podemos ser optimistas respecto a que disminuyamos el alto índice de tolerancia a la corrupción o tenemos razones más bien para ser escépticos?

Bueno, no hay nada irreversible. A mí me parece que hoy, y desde hace casi medio siglo ya, junto a esa ética criolla también ha ido desarrollándose una ética del trabajo y del esfuerzo personal y los peruanos, y me imagino que también en otros países latinoamericanos, nos hemos vuelto expertos en manejar ambos códigos. Pero lo importante es que ya tenemos el código del esfuerzo y el trabajo. Esto es lo que hay que potenciar. A mi me parece que en la medida que la gente cambie de actitudes, que se arraiguen valores democráticos, haya mayor capacidad de controlar a las autoridades, a los líderes políticos y en que estos sean más honestos y se maneje la cosa pública con mayor transparencia, en esa medida estamos creando condiciones para disminuir la corrupción.

Hay una evolución del concepto de corrupción que ha pasado por diversas etapas: el economicismo, una visión de carácter legalista y administrativa, ahora hay una visión más holística, ¿cómo evalúas la actual definición de corrupción?

Sí, en efecto, ha habido distintas formas de acercarse al fenómeno de la corrupción. Hubo una aproximación económica, desde la perspectiva del liberalismo, que entiende que la corrupción es resultado de la existencia de un Estado muy grande, muy intervencionista y muy ineficiente y que, por lo tanto, si queremos combatir la corrupción hay que achicar el Estado e instaurar una economía de libre mercado. En los años noventa se mostró que esto no es tan fácil, no es automático, hubo muchos experimentos en países del tercer mundo de achicar el Estado, instaurar economías de libre mercado, pero eso no disminuyó necesariamente la corrupción. Los politólogos, por su parte, creen que la corrupción está relacionada con el monopolio del poder. En la medida que el poder político esté monopolizado, no tenga normas transparentes, no pueda ser vigilado y los funcionarios públicos actúen con un alto grado de discrecionalidad, entonces la corrupción va a aumentar. A mi me parece que en general es una apreciación interesante, aunque no suficiente. Hay también otros enfoques más modernos que nos dicen que sin renegar de lo anterior, también hay que fijarse en la cultura, hay aspectos sociales y culturales que debemos observar con cuidado y que son el telón de fondo de la corrupción porque fomentan la tolerancia a los actos corruptos.

Desde tu perspectiva, después de la década de los noventa en que batimos récord de corrupción, ¿la sociedad peruana ha adquirido conciencia plena de la magnitud de este problema y está en condiciones de sacar provecho de esa infausta experiencia colectiva?

Sería un poco difícil hablar del estado de conciencia de la sociedad peruana en general sobre la corrupción, pero sí creo que hay avances en el sentido que se han formado núcleos de ciudadanos, de organizaciones y por qué no también de líderes políticos que son concientes del tema y están tratando de hacer algo. Ahora la gente está más vigilante, más atenta, por eso sí creo que se han extraído las lecciones, lo que hay que hacer es organizar mejor a esos grupos de ciudadanos concientes y en el plano institucional se requiere más transparencia, una reforma que permita abrir el Estado más a la ciudadanía y en la ciudadanía cambios en normas culturales y en sus actitudes.

¿Cuánto afecta el alto índice de corrupción a la gobernabilidad democrática en los países del tercer mundo donde este fenómeno es de carácter endémico?

Entre otras cosas, la corrupción deslegitima a las autoridades y al Estado y en un país como el nuestro un Estado deslegitimado, una democracia deslegitimada es caldo de cultivo para opciones caudillistas, autoritarias, dictatoriales. Un estado deslegitimado es un Estado que no va a ser capaz de arraigar instituciones y normas universalmente aceptadas y eso es siempre un camino hacia la informalidad, un camino hacia la inestabilidad política y por lo tanto hacia la ingobernabilidad.

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en el combate a la corrupción, puesto que las autoridades muestran escaso interés en entablar una lucha sostenida para erradicar esta lacra tal como lo demuestra el casi nulo apoyo recibido por la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA)?

Creo que el papel de la prensa es positivo, hay algunos casos de exageración sin duda, pero en general en un país donde la oposición política es tan débil, no hay sistema de partidos fuertes y los mecanismos de control están debilitados o no existen, la prensa juega un rol de primer orden. En los últimos tiempos los actos de corrupción han sido destapados por la prensa, si hubieran estado en manos de los políticos estos los habrían encubierto, urge acabar con la cultura de la impunidad. Hay que tener responsabilidad, sin embargo, en el manejo de la información para no desprestigiar la lucha anticorrupción. Quizá el caso más extremo fue el del alcalde de Ilave que fue linchado trágicamente y cuando se le investigó se concluyó que no había incurrido en manejos corruptos de los recursos municipales. Enarbolar la corrupción en casos gratuitos e injustificados también contribuye a deslegitimar al Estado y a la democracia.