Vaivenes de la lucha anticorrupción

La lucha anticorrupción desde el Estado ha sido la mayoría de las veces en nuestro país expresión de una buena intención coyuntural o un ardid publicitario para ganar réditos políticos, más que un compromiso real y firme para combatir a este flagelo que carcome los cimientos de la confianza pública, pone en riesgo la gobernabilidad democrática y socava la sostenibilidad del desarrollo económico.
De un tiempo a esta parte, ha ido ganando consenso entre los organismos multilaterales financieros, sociales y políticos la idea de que la corrupción es un problema que amenaza los procesos de desarrollo emprendidos sobre todo en los denominados países en desarrollo y en los países emergentes tras la caída del modelo comunista soviético.

El Banco Mundial desde hace ya unos años financia programas anticorrupción a países interesados en el combate a esta lacra social. Y la cooperación internacional, sobre todo a cargo de Transparencia Internacional, pero que podría ir comprometiendo a otras agencias cooperantes, parece comprender que el desarrollo económico-social no podrá consolidarse si al mismo tiempo no se logra reducir a mínimos radicales el alto nivel de corrupción que afecta algunos países como el Perú.

El mismo concepto de corrupción, que había sido sometido a cánones restringidos que abarcaba solo el aspecto económico o jurídico, o se reducía a una óptica burocrática en la que solo bastaba con desenmarañar el asfixiante reglamentarismo para disminuir el fenómeno de la corrupción, ha sufrido un proceso de redefinición que arroja luces sobre el ambivalente concepto de corrupción y permite avizorar una estrategia de lucha contra este mal de una manera más frontal y eficaz, que ataque las raíces del mal y no solo cicatrice las heridas epidérmicas. Hoy las ciencias sociales, desde el ámbito de la antropología, la etnología y la cultura, nos permite delinear el rostro híbrido de la corrupción, desechando la visión maniquea que divide a los ciudadanos en víctimas y corruptos, nobles y villanos, malos y buenos.
Todos tenemos una cuota de culpa en la supervivencia y proliferación del fenómeno de la corrupción, por lo que hay que atacar, por ejemplo, el alto nivel de tolerancia que existe en nuestro país a esta lacra social. Según una encuesta nacional sobre anticorrupción realizada por Proética el año 2002 el 70 por ciento de peruanos manifiesta un riesgoso grado de tolerancia a la microcorrupción. En este escenario resulta explicable porque los vaivenes y manoseos a que se somete la lucha anticorrupción no merecen el unánime y enérgico rechazo de la ciudadanía.

La reciente desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción, cuya efímera vida institucional de apenas nueve acabó sin pena ni gloria, ha sido aceptada con indiferencia por la ciudadanía. No nos hagamos muchas esperanzas con las declaraciones líricas de voluntad moralizadora de las autoridades gubernamentales de turno, la lucha anticorrupción deberá ser enarbolada desde la sociedad civil por instituciones como la Defensoría del Pueblo que ha conformado un equipo anticorrupción encargado de impulsar un plan piloto en Ayacucho, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Apurímac. O por Cedepas Norte, una organización no gubernamental que ha lanzado un proyecto denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región Norte del Perú”. Iniciativas como éstas son las que permitirán darle consistencia en la agenda pública y continuidad a un tema que constituye un riesgo central para la estabilidad social, política y económica del país.