Por. Luis Freire Sarria.

Escritor.

No podemos saber si existía o de qué manera existía antes de la colonia, de todas maneras, la corrupción, tal como la conocemos, es un vicio de la cultura occidental y puede que no formara parte de la concepción del mundo pre hispánico. El hecho es que con la conquista llegó el virus de la corrupción y se enquistó en nuestra cultura, no sólo en la de los funcionarios públicos, sino en la del habitante común. Un saltito al virreinato de la mano del historiador norteamericano Kenneth J. Andrien, nos dará una idea de lo largas que eran las uñas de los funcionarios virreinales españoles. Es obvio que los criollos tampoco se cortaban las uñas cuando eran necesarias para escarbar el dinero del Estado o de la población indígena.

KENNETH J. ANDRIEN
Una gran variedad de fuentes históricas de los siglos XVI y XVII atestiguan que la corrupción y la incompetencia habían empezado a socavar el sistema impuesto por el virrey Toledo poco tiempo después que éste abandonara el Perú. Un observador estimaba que un corregidor poco escrupuloso y emprendedor, podía reunir hasta 30.000 pesos anuales, mientras que el salario legal del cargo oscilaba entre 800 y los 1.200 pesos.

Son abundantes los testimonios del período que indican que los corregidores empleaban una gran variedad de métodos ingeniosos para sacarle la vuelta a la ley y llenarse los bolsillos con fondos tributarios ilícitos. Era común que falsificaran censos y matrículas, para dar una cifra inferior de los tributarios de sus repartimientos, con objeto de apropiarse del dinero pagado por los que no quedaban legalmente incluidos en las matrículas. Otra táctica de este tipo era la de obligar a los indios a pagar impuestos por personas muertas o que habían abandonado el repartimiento, así como por ancianos y otras categorías legalmente exentas del tributo. En estos casos, las tasas que se aplicaban a las aldeas indígenas obedecían, al parecer, sólo al capricho del corregidor, en lugar de ser las tasas legales fijadas por el virrey Toledo. Era también sabido que los corregidores retenían fondos tributarios pertenecientes a la Corona, con el fin de financiar sus propias empresas locales.

Para decirlo de otro modo, la corrupción es una de las marcas de nuestro mestizaje cultural, está en nuestros genes sociales como un cáncer que ha crecido a niveles alarmantes. Estos genes, debidamente estimulados por una oportunidad propicia, como es el poder, pueden, no digo que van, sino que pueden desarrollarse con menos obstáculos que los de otras culturas. Me gusta decir que buena parte de los peruanos llevamos a un chofer de combi en el corazón. Pongamos a un peruano promedio como tantos de nosotros al mando de una combi y terminará convirtiéndose en un típico chofer de combi. ¿Acaso esos choferes son distintos al resto de los peruanos? No lo son, pero su flexibilidad ante los reglamentos de tránsito y el respeto al derecho ajeno, estimulada por un contexto de competencia despiadada, arrasa con todo lo que no sea su conveniencia personal y vemos lo que vemos en las pistas. Cuando nuestros intereses chocan contra los derechos de los demás, buscamos e inventamos muchas veces la manera de sacarle la vuelta a las reglamentaciones. La coimita al policía, esa corrupción aparentemente liviana, es el punto de partida hacia la corrupción a gran escala. Me pregunto. ¿Cuántos corruptos perciben la corrupción como una falta de ética? ¿O será tal vez que la ven como una viveza, el aprovechamiento de una oportunidad de ganarse alguito, algo o un algazo? Es posible que para muchos, delito es asaltar, violar, asesinar, en cambio, inflar un presupuesto o tirarse la plata de un proyecto es aprovechar una oportunidad, en la medida que esa plata “no es de nadie, pues”, pertenece a una entidad abstracta como el Estado o una institución pública. Otras veces, la corrupción es impuesta por un estado de cosas corrupto o ineficiente que nos obliga a utilizarla para sobrevivir. Si no nos corrompemos, no avanza nuestro juicio, no obtenemos nuestra licencia, nos chantajea el policía. Los medios de comunicación son la única vía de escape que encuentro frente a la corrupción pública y con ella, me refiero también al poder informal y ubicuo de la Internet. Eso sí, tienen una tarea desigual combatiendo la corrupción, han logrado grandes victorias, no hace falta enumerarlas, pero luchan contra toda una cultura nacional, por cada batalla ganada, hay muchas otras perdidas que no salen a la luz o se empantanan en la frondosa maraña de los intereses políticos y económicos y en la corrupción misma. Lo estamos viendo en el sospechoso empantanamiento del famoso caso del chuponeo. No sería raro que uno de estos días, la jueza que retiene las computadoras de los implicados, declare que el caso pertenece al Ministerio de la Mujer, porque se trata de chupones. ¿Qué puede hacer el humor en los medios masivos de comunicación? Denunciar la corrupción, señalarla con nombre propio y cargo, desprestigiar al corrupto mediante la sátira, la ironía, la caricatura, el chiste directo al plexo. Esa lucha, por desigual que se vea, debe ser constante, no importa que parezca perdida, hay luchas que no se emprenden siempre para ganar, aunque se quiera hacerlo, sino para darle sentido a las cosas y a uno mismo, para no dejarse derrotar, hundir, aplatanar, para no agachar la cabeza ante el corrupto mientras nos quede aliento.

A mí, personalmente, el tema de la corrupción me escandaliza, pero he decidido tocarlo en sus raíces, como uno de los pasajes de una novela cuyo título aún no puedo nombrar, pero que cuenta las andanzas de un Quijote peruano. Este Quijote es un encomendero del Alto Perú, que como el personaje de Cervantes, se vuelve loco y sale a buscar aventuras por el virreinato como un caballero andante, acompañado de un mestizo de cura con india que le sirve de escudero. Al llegar al poblado de Ccarhuaro, son estafados por el joven e hispanizado cacique del lugar. Sabedor de que este Quijote quiere regalarle a su escudero un reino para gobernar en premio por sus servicios, como estilaban los caballeros andantes, le ofrece el curacazgo de Quinquinpireni a cambio de una parte de su encomienda, con la complicidad de un notario español. El Quijote firma feliz la cesión de las tierras, contento por lo que le tocará a su escudero, pero descubre más tarde, que Quinquinpireni no es más que un caserío machiguenga. En suma, que le hicieron el cuento del cacicazgo.

Por. Ludwig Huber.
Instituto de Estudios Peruanos.

La gran mayoría de los estudios sobre la corrupción se acercan al tema desde una perspectiva normativa y tratan el fenómeno como una respuesta de individuos a una determinada estructura de incentivos. En coincidencia con esta visión, las instituciones que abanderan la lucha contra la corrupción, como el Banco Mundial y Transparencia Internacional, afrontan el problema desde el lado institucional, a través de la búsqueda de reformas administrativas y de mecanismos de control. Estas instituciones parten de una definición de la corrupción como “abuso de un cargo público para el beneficio privado”.

Basando nuestra argumentación en una amplia revisión bibliográfica y en un estudio de caso en la ciudad de Ayacucho, pensamos que el aspecto institucional-normativo sí es importante; sin embargo, no logra comprender plenamente la fenomenología, los contenidos, los significados y la persistencia de la corrupción, ni dar suficientes pautas para combatirla con eficiencia.

La definición de la corrupción como “abuso de un cargo público para el beneficio privado” implica la existencia de determinadas condiciones políticas. El fondo de esta perspectiva es la percepción de una administración pública íntegra y apolítica, de acuerdo al modelo de la burocracia racional de Max Weber. Según Weber, una burocracia moderna está conformada por funcionarios individuales que sólo actúan conforme a sus obligaciones profesionales, con atribuciones nítidamente delimitadas y en una jerarquía claramente establecida en lo que se refiere a la toma de decisiones. Para ello, son seleccionados de acuerdo a su calificación y tienen una carrera por delante, durante la cual cuentan con un sueldo asegurado y están sometidos a una disciplina y un control estricto. Las características centrales de la burocracia moderna en la perspectiva weberiana, entonces, son la imparcialidad, la impersonalidad y, sobre todo, la estricta separación entre cargo y titular. La corrupción ocurre cuando se viola este ideal burocrático.

Sin embargo, si no existen las condiciones políticas adecuadas, los parámetros fallan. Este es el caso en el contexto de nuestro estudio, donde las esferas pública y privada se compenetran mutuamente. La separación de las dos esferas en el marco del desarrollo capitalista y de la aparición del sujeto burgués en la Europa del siglo XVIII tuvo su origen en la preocupación por proteger la esfera privada – que incluía la religión y, sobre todo, la propiedad – de la intrusión por parte del Estado. El ejemplo ayacuchano, en cambio, muestra que el problema en este caso no es tanto el de proteger la sociedad de un Estado prepotente, sino más bien cómo evitar las diferentes formas de “captura del Estado” por parte de estratos sociales populares.

El mecanismo principal para “captar” al Estado es la activación de redes sociales particulares. El amiguismo, el compadrazgo, el paisanaje, la familia extensa son manifestaciones de este sistema de relaciones informales, que penetran la estructura administrativa formal y disuelven sus pretensiones universalistas en un conjunto de características particulares.

El funcionario típico ayacuchano es un funcionario “empresarial” en busca de dividendos, insertado en una amplia red de relaciones sociales, a las cuales puede recurrir en caso de una necesidad, pero a las cuales también tiene que apoyar cuando se lo piden, pues el particularismo de las redes informales obliga a un trato favorable para sus integrantes aún cuando esté perjudicando los derechos de otros. Los funcionarios públicos se ven confrontados así con una amplia gama de demandas que no están en su manual de funciones, y las fronteras entre reciprocidad y corrupción se diluyen en un continuo de diferentes tipos de interacción, entre gestos de agradecimiento, favores, regalos y coimas abiertas, siendo el soborno pecuniario el último recurso para los que no tienen otros medios de persuasión.

Sólo en la superficie, entonces, la burocracia ha logrado avances significativos en la obtención de rasgos universales. En lo esencial, las normas de la burocracia moderna se hallan sofocadas por obligaciones particulares. En este contexto, la corrupción no se limita a una conducta disfuncional de individuos, sino es una práctica social que se basa en códigos morales disyuntivos y sistemas informales de interacción, tanto o más poderosos que las estructuras formales y oficiales.

Al generalizarse esta conducta, se inicia una dinámica de corruptelas con una aceptación bastante alta en la población. Sólo en coincidencia con disposiciones socioculturales favorables, la corrupción puede obtener un nivel de “normalidad” tan alarmante y un rango estructural, casi autónomo, que la inmuniza en buena medida contra medidas de reforma; es decir, funciona de acuerdo a su propia lógica sociocultural y las iniciativas dirigidas hacia la reforma de aspectos externos, como la estructura de iniciativas, no la afectan.

Las expectativas que las organizaciones anti-corrupción ponen en la sociedad civil para “vigilar” al Estado y ejercer presión para mayor accountability y transparencia parten, sin mayor análisis, de una percepción liberal-democrática de la sociedad civil, la que no necesariamente se da en un país como el Perú, y mucho menos en las periferias. El problema de la pequeña corrupción no es el problema de un (mal) Estado versus una (buena) sociedad civil, sino que ambos forman parte del mismo sistema de intercambio de bienes y servicios que en la literatura antropológica se ha llamado el “complejo de la corrupción”.

Todo lo dicho tiene consecuencias evidentes para la lucha contra la corrupción. Si las formas y la incidencia se encuentran fuertemente influenciadas por el contexto sociocultural específico, entonces es razonable concluir que los esfuerzos para su reducción deben ser social y culturalmente adecuados. Las iniciativas contra la corrupción deberían evitar simplificaciones, como la de dar por sobreentendido unos ideales burocráticos generalizados, y considerar la relación compleja entre legalidad y legitimidad en un contexto específico. Estamos convencidos que no hay soluciones “de molde”, universalmente aplicables.

Un Encuentro Macroregional para la Lucha contra la Corrupción organizará la Iniciativa Anticorrupción para difundir los resultados del proyecto denominado “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y promover el desarrollo en la región norte del Perù”, cuyo ámbito de acción tuvo como ejes las regiones La Libertad, Piura y Cajamarca.

El objetivo de este proyecto consistió en hacer un diagnóstico de las modalidades de corrupción en esas regiones, en particular del fenómeno de la microcorrupción, así como sensibilizar a líderes de opinión, autoridades y dirigentes de base sobre los efectos negativos de la corrupción en el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática.

En el evento, que se llevarà a cabo en el auditorio de Los Corregidores el 27 y 28 de este mes, participarán destacadas personalidades de instituciones públicas y privadas que han sido protagonistas de la lucha anticorrupción en nuestro país en los últimos tiempos.

El encargado de romper fuegos en este encuentro macroregional será el Dr. Carlos Fonseca, jefe del equipo de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción de la Defensoría del Pueblo, quien disertará sobre la “Participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en el Perú”. Como se sabe, la Defensoría creó el año pasado una Unidad de Lucha contra la Corrupción en cinco regiones del país.

La jornada culminará con unas “Reflexiones eclesiales en torno a la lucha anticorrupción” a cargo de Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi.

Al día siguiente, el presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas expondrá sobre el Plan de Lucha contra la Corrupción en esa región. El periodista Augusto Alvarez Rodrich, ex director del diario Perú 21 y actual periodista de opinión en Radio Programas del Perú, tomará la posta y expondrá sobre los medios de comunicación frente a la lucha contra la corrupción.

Lo novedoso de este certamen será la participación de dos destacados antropólogos que abordarán la complejidad del fenómeno de la corrupción. Húber Ludwig es autor de “Romper la mano” que investiga la microcorrupción en Ayacucho y constituye un libro pionero en la investigación de esta lacra social en el interior de nuestro país. El consultor y antropólogo de investigación Iván Mendoza Villarreal, quien estuvo a cargo de la investigación propulsada por la iniciativa Anticorrupción, tratará sobre las dimensiones sociales y culturales de la corrupción en el Perú, una aproximación desde las ciencias sociales.

La Iniciativa Anticorrupción está integrada por la Cámara de Comercio y Producción de la libertad, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Radio, el Colegio de Periodistas del Perú, Transparencia, la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza y Cedepas Norte.

EN CAJAMARCA. Autoridades, funcionarios del gobierno Regional y de municipalidades provinciales y distritales de la región Cajamarca intercambiaron experiencias sobre la importancia de realizar una gestión pública transparente para reducir los riesgos de la Corrupción. Estas reflexiones se realizaron durante el taller-foro “El proceso de Rendición de Cuentas y la Lucha Contra la Corrupción” organizado por la Alianza Anticorrupción constituida por CEDEPAS NORTE, La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la Defensoría del Pueblo y el apoyo de REMURPE y de AMCEC el pasado 5 de marzo.

Como parte de las actividades consideradas en el proyecto “Lucha contra la corrupción como un medio para afirmar la democracia y fortalecer el desarrollo en la región norte del Perú”; esta vez la Alianza anticorrupción convocó a los y las autoridades de la región para abordar el tema de rendición de cuentas. Para esto se contó con la participación del secretario técnico de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), Rómulo Antúnez con una larga experiencia en proceso de Rendición de Cuentas en diversas regiones del país.

En su presentación Rómulo Antúnez afirmó que la Rendición de cuentas es una práctica que se inició con el proceso de modernización del Estado “sin embargo las rendiciones de cuentas se vienen realizando de manera muy técnica y contable, las instituciones públicas rinden cuentas con los cuadros contables que envían a los organismos del Estado, pero este tipo de formatos no son entendidos por la ciudadanía, de tal modo que se hace muy difícil que la sociedad civil realice un verdadero control sobre el uso de los recursos públicos, lo que debemos hacer es pasar de usar esos formatos técnicos a herramientas más simples de rendición de cuentas, la información de estas rendiciones debe referirse a resultados de la gestión” afirmó el secretario técnico de REMURPE.

Antúnez también afirmó que uno de los objetivos de las rendiciones de cuentas es mejorar la comunicación entre las autoridades y la sociedad civil “las autoridades le temen a la sociedad civil, asumen que es su enemiga por que van a estar siempre acusándolas y por su parte la sociedad civil asume que todas las autoridades son corruptas, de lo que se trata es de transparentar la gestión, darle información concreta a la gente de lo que se está haciendo con el dinero público, la mejor forma de hacer rendición de cuentas es cara a cara, esta es la mejor comunicación porque genera confianza y la confianza promueve la gobernabilidad”.

Por su parte Adriano Montoya, regidor de la municipalidad provincial de San Marcos, presentó la experiencia del municipio distrital de Ichocán, remarcando que algunas de las municipalidades de AMCEC han recibido premios nacionales por sus gestiones transparentes. Como parte de los logros alcanzados por estas municipalidades, remarcó la importancia de contar con municipalidades bien organizadas que aseguren acciones transparentes de control “esta es una manera de reducir los riesgos de corrupción” puntualizó.

El reverendo padre Lázaro Jara, representante de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, exhortó a las autoridades a ser más transparentes en su gestión y trabajar por el desarrollo de sus pueblos, advirtiendo que muchas personas han perdido la confianza en sus autoridades y no creen en sus gestiones, más aún lanzó la alerta de que estas acciones llevan a los hombres y mujeres a la pasividad frente a los actos de corrupción.

Finalmente Elvia Correa de CEDEPAS NORTE, responsable del proyecto en Cajamarca y en nombre de la alianza Anticorrupción, afirmó que acciones como éstas contribuyen a la lucha contra la corrupción y resaltó la participación de las autoridades de los gobiernos municipales y del gobierno regional que se dieron cita al auditorio de la UPN para abordar el tema de las rendiciones de cuentas.

La Iniciativa Anticorrupción volvió a la palestra con un foro en el que participaron autoridades y funcionarios regionales para analizar el mecanismo de la rendición de cuentas, pieza clave en el proceso de transparencia y participación ciudadana impulsado desde el Estado para combatir el flagelo de la corrupción. Fue una ocasión para reflexionar sobre el Estado, compartir experiencias y proponer aportes y sugerencias para la continuidad y eficacia de la lucha anticorrupción.
El evento tuvo lugar en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y constituyó un hito en la larga tarea que implica promover una campaña anticorrupción.

El Estado se está reformando lentamente, sobre todo a partir de la puesta en marcha del proceso de descentralización y en la región La Libertad se han dado importantes saltos cualitativos en los últimos años, afirmó el ingeniero Marco Zegarra Alvarado, gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de La Libertad al exponer sobre el manejo de herramientas de rendición de cuentas en el foro regional organizado por la Iniciativa Anticorrupción.

Zegarra Alvarado explicó que estos avances graduales se realizan a marchas forzadas y bajo presión de las actuales circunstancias económicas. “Hace cuatro años el Gobierno Regional manejaba 25 millones de soles y actualmente administra ciento noventa millones de soles a través de veintinueve unidades ejecutoras, lo que hace más compleja la organización y exige una mayor capacidad de intervención”, agregó.

El funcionario señaló que uno de los desafíos de la rendición de cuentas es dar a conocer a la población los impactos de la actuación gubernamental, no sólo enumerar cifras y proyectos. Este análisis cualitativo de la gestión pública es muy difícil en las actuales circunstancias porque no se ha implementado aún la gestión por resultados que permitiría hacer una evaluación del presupuesto desagregado y deducir la orientación del gasto fiscal.

El mecanismo de rendición de cuentas adolece actualmente de algunos vacíos y errores porque hay una colisión de dos lógicas que aún no sincronizan. Por un lado, la lógica estatal y, por otro, la lógica ciudadana. En ambos casos se suele incurrir en el error de subestimar o sobreestimar el papel del ciudadano o del Estado. “Urge, por lo tanto, resolver esa lógica quebrada y contribuir al proceso de empoderamiento de la sociedad civil”, añadió.
El gerente regional propuso un esquema para dotar a la rendición de cuentas de mayor eficacia y transparencia, a fin de que los recursos del Estado puedan ser mejor utilizados y que los ciudadanos puedan comprender el nivel de calidad del gasto público.

Zegarra Alvarado expresó que las rendiciones de cuentas deben incluir la exposición de diez puntos básicos: el desempeño de los objetivos de desarrollo, la normatividad legal nacional y regional, la información presupuestal, la ejecución de inversiones, el estado cualitativo del personal, los procesos de adquisición de bienes y servicios, las gestiones oficiales, el nivel de participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información, así como el estado actual de la transferencia de funciones y recursos.

La exposición del gerente regional contó con la aprobación de las autoridades y funcionarios públicos. El alcalde de Laredo, Miguel Chávez Castro, coincidió en la necesidad de desarrollar el mecanismo de la rendición de cuentas. “Hay que apoyar todos los mecanismos de control para evitar actos de corrupción en la administración pública”, acotó.

El burgomaestre informó que, con el asesoramiento de Cedepas Norte, actualmente está implementando un proyecto para fomentar la participación vecinal en la gestión municipal. “La participación vecinal en los temas de presupuesto participativo, comités de vigilancia del presupuesto e inversiones y para la transparencia de los procesos de selección para la ejecución de obras es fundamental”, explicó.

En el foro regional también intervino el gerente regional de Salud, Dr. Henry Rebaza Iparraguirre, quien expuso el Plan Regional Anticorrupción en Salud que está implementando para minimizar los estragos que produce la corrupción en este sector. El funcionario explicó que la participación ciudadana es el eje central del plan cuyos objetivos son mejorar el cuidado integral de la salud, el aseguramiento y la calidad de la atención.

Los casos de corrupción más frecuentes detectados en el proceso de elaboración de ese plan están relacionados con la selección y contratación de personal, la adquisición y administración de bienes y servicios en general, los cobros indebidos en establecimientos de salud y la sustracción y pérdidas de medicamentos e insumos médicos.

El gerente regional explicó que el Plan Regional Anticorrupción en Salud es, por ahora, una experiencia piloto que podría ser replicada en otras dependencias públicas y organizaciones estatales. No obstante, alertó que actualmente afronta el problema de la falta de participación de los usuarios, quienes no suelen recurrir a los mecanismos establecidos en ese plan para denunciar casos de corrupción o ejercer fiscalización en torno a la actuación del personal de salud.

El foro regional organizado por la Iniciativa Anticorrupción, conformada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, el Colegio de Periodistas, la Coordinadora Nacional de Radio, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y Cedepas Norte, concluyó con la suscripción de una acta denominada “Bases para una lucha contra la corrupción en la Región La Libertad”.

En esta acta se consignaron aportes y sugerencias. Entre ellas la creación e implementación de comités regionales y provinciales anticorrupción, la adopción de un formato base de rendición de cuentas técnicamente elaborado, concertado entre las autoridades y validado por la sociedad civil, la elaboración de códigos de ética de los gremios empresariales, profesionales y afines para establecer mecanismos anticorrupción.

De igual modo la creación de un Sistema de reconocimiento Público a las instituciones, funcionarios y empleados públicos que emprendan medidas contra la corrupción y la promoción de campañas educativas anticorrupción en centros educativos, universidades y a través de los medios de comunicación.

La iniciativa anticorrupción anuncia que a fines del mes de marzo organizará un evento macrorregional en el que participarán el premier de la República, Yehude Simon, la Defensora del Pueblo Beatriz Merino, el ex presidente de Proteica José Ugaz, el ex director de Perú 21 Augusto Alvarez Rodrich, entre otras personalidades destacadas por haber jugado un papel importante en la lucha anticorrupción.

Lun, 09/02/2009 - 08:45

Demanda ante cIDH por derrame de mercurio deriva en conciliación que ignora a víctimas. A cambio de US$ 3 millones Cajamarca renuncia a reclamar a Minera Yanacocha y Newmont por los daños en Choropampa.

Elizabeth Prado

El acuerdo arbitral al que llegaron la demandada Newmont Mining Corporation y el estudio jurídico Podhurst Orseck, contratado por la municipalidad provincial de Cajamarca, especifica que en el futuro ningún reclamo será presentado ni en Estados Unidos ni en el Perú.

El monto compensatorio calificado de irrisorio por el alcalde de Choropampa, Graciano Carvajal Saldaña, no solamente será compartido con los distritos de San Juan y Magdalena –también afectados por el derrame de 152 kilos de mercurio ocurrido en junio del año 2000– sino que más del cuarenta por ciento de esta suma se destinaría al
servicio profesional de los abogados contratados tanto en Perú como en Estados Unidos.

"Esto que llaman oferta para los choropampinos es un insulto. El alcalde provincial y los de San Juan y Magdalena han aceptado el acuerdo arbitral, pero Choropampa no. Aquí la gente sigue muriendo y nuestras propias autoridades no nos respaldan", sostuvo Graciano Carvajal.

Por su parte, Juana Martínez, presidenta del Frente de Defensa de Choropampa, lamentó que las autoridades ediles estén dispuestas a firmar un compromiso a todas luces favorable a Minera Yanacocha y que perjudicará a la población afectada. "Con los 530 mil dólares que nos toca a cada distrito no vamos a poder ni siquiera asfaltar las calles, que es lo que necesitamos hacer para aislar el mercurio que todavía queda en nuestro suelo. Menos podremos solucionar el problema de salud" indicó.

Concesión escandalosa

De los cuatro documentos confidenciales que el estudio jurídico Podhurst Orseck redactó y envió al alcalde provincial de Cajamarca, Marco Aurelio La Torre Sánchez, para que este los rubrique, el que llama la atención por el sometimiento a que es expuesto este burgomaestre, es el titulado "Liberalización de todos los reclamos y demandas y reconocimiento de recepción de los fondos provenientes del acuerdo".

En lo que parece una declaración jurada, La Torre Sánchez reconoce y admite que Cajamarca no va a recibir más dinero de Newmont o Minera Yanacocha por las consecuencias del derrame de mercurio.

"Cajamarca renuncia a cualquier derecho que pueda tener en hacer reclamos o solicitar compensación por daños y perjuicios", se lee.

En otra parte, el alcalde provincial enfatiza que su decisión de firmar el acuerdo resolutivo es producto de una lectura minuciosa del documento, y aclara que ni Newmont ni Yanacocha tuvieron influencia alguna en su determinación. El Acuerdo Resolutivo hace hincapié en que el monto económico y demás convenios serán tratados en términos confidenciales.

También se especifica que este documento, al ser realizado y celebrado en el Estado norteamericano de Colorado, "deberá ser interpretado, ejecutado y regulado por y según las leyes del estado de Colorado".

En tanto, en la ciudad de Cajamarca, el compromiso pactado entre Newmont-Minera Yanacocha y los abogados del Concejo Provincial de Cajamarca no pudo ser oficializado el pasado jueves 5 de febrero en la reunión que con este fin convocó el alcalde de Cajamarca, Marco Aurelio La Torre.

El apuro que tienen las autoridades ediles tanto de Cajamarca como de San Juan y Magdalena para firmar el acuerdo arbitral tuvo en Graciano Carvajal a un tenaz oponente. La postura de Carvajal obligó a pactar una nueva cita para mañana martes.

Datos

Demanda. La municipalidad provincial de Cajamarca, durante la gestión edil de Jorge Hoyos Rubio, demandó a Minera Yanacocha ante la Corte Distrital de Denver, Colorado, EEUU.

Reparación económica. El monto solicitado por los daños en Choropampa fue de 20 millones de dólares. Para tal fin se contrató un estudio de abogados en los Estados Unidos.

Fuente: Diario La República.

El destacado periodista Ricardo Uceda, presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y autor del libro Muerte en el Pentagonito, un verdadero best seller que documenta los crímenes cometidos por el Grupo Colina, disertó ayer jueves sobre el Periodismo de Investigación para la Lucha Anticorrupción, en el auditorio de Los Tallanes.
El evento fuer organizado por la Alianza Anticorrupción, integrada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, el Colegio de Periodistas del Perú, Transparencia, la Coordinadora Nacional de Radio, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y CEDEPAS Norte.
Ricardo Uceda definió el periodismo de investigación como la búsqueda sistemática de una verdad a través de fuentes no siempre identificables y que aportan indicios razonables para emprender una investigación. Citó una serie de casos recientes en la prensa peruana y latinoamericana de destapes que permitieron poner al descubierto incluso a presidentes que habían cometido latrocinios contra el erario público.También se refirió a su propia investigación de los crímenes extrajudiciales cometidos en el Perú durante el régimen fujimontesinista. Muerte en el Pentagonito le tomó siete años escribirlo para corroborar los datos que Jesús Sosa Saavedra, alias querosene, le aportó sobre la guerra sucia autorizada por el hoy procesado por crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori Fujimori.

Por. Manuel Dammert Ego Aguirre

Mientras el país está distraído por la diversión mediática y en ocasión de las fiestas de fin de año, existen claros síntomas de un pacto a favor de la impunidad de los principales casos de corrupción. Estos síntomas tienen su clivaje estratégico en los cambios institucionales de estos días de diciembre, que van a poner entidades fundamentales en manos de algunas personas, y sus argollas. Son tres ámbitos: el del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el de la Contraloría General de la República.

Los casos de la componenda, a los que se busca negociar impunidad en una extraña Guija, son varios. Algunos son ampliamente conocidos y están en fases decisorias, como los que tienen que ver con el Juicio al Régimen Mafioso de Fujimori y Montesinos, y el de los asesinatos extrajudiciales del Frontón que involucran a Alan Garcia y Giampietri. Otros casos están ocultos ante la opinión pública, y son los que afectan especialmente a grupos de poder económico, como las acciones de control de la Contraloría sobre irregularidades en contrataciones de lotes petroleros y de gas, en los que se demuestra la urgencia y necesidad publica de su renegociación para recuperar la renta petrolera y gasifera para los peruanos.

El transfondo actual de esta componenda es doble. La inminencia del impacto de la crisis mundial y su estallido en el pais, con la aplicación de disputados y apetecidos recursos públicos multimillonarios del plan anticrisis del gobierno. Y el jaque político en que está el actual Gobierno tras el tema de los petroaudios que compromete a muchos de sus integrantes, con condiciones todavía insospechadas.

¿Cuáles son los Síntomas de la Componenda?. Son de tipo Institucional, en tres entidades que deben dar trámite a estos asuntos.

El Poder Judicial. La Corte Suprema ha elegido al fujimorista Vila Stein para Presidirla. Y la poderosa Corte Superior de Lima ha elegido a Cesar Vega, aprista amigo personal de Alan Garcia, como su Presidente. El encargo inmediato tiene que ver con la designación de la Sala que va a ver la decisión final del fundamental y republicano Juicio al régimen mafioso de Fujimori y Montesinos.

El Tribunal Constitucional. Se han entrampado y han debido postergar la elección de su Presidente. Las maniobras apuntan a que se imponga el aprista Carlos Mesia, ex asesor de Jorge Del Castillo. El TC debe resolver el tema del Frontón.

La Contraloría. En un enredado proceso, ha quedado claro que los grupos de poder económico han formado una terna argollera, ligada directamente a las grandes empresas y sus especialistas, siendo la preferida, aquella que entro por la ventana al proceso al ser convocada directamente, y tiene como pergamino ser parte de las “chicas Pandolfi” del Fujimorismo, integrante del grupo neoliberal mercantilista de Cecilia Blume y Verónica Zavala, promotoras y protectoras del patrimonialismo privatista de los recursos públicos. Han dejado de lado personas calificadas y de trayectoria, para tratar de imponer esta argolla, sobre la que el Congreso debe elegir.

¿Funcionará la Guija de la Impunidad a la Corrupción?. Es urgente que la ciudadanía democrática se movilice en forma masiva, plural y unida, para impedirlo. Debe lograrse, más bien, que todo lo avanzado en la lucha por la ética pública, se concrete en decisiones que son fundamentales, pues ellas marcarán las posibilidades de la República y la Nación.

Fuente. www.poderciudadano.org.pe

Una de las normas aprobadas en el Congreso con el fin de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos incluye una sanción al soborno internacional, destacó la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

Pese a existir estas dos normas obligatorias y las disposiciones para la implementación sobre las medidas legislativas, dicho requerimiento aún no se había concretado.

Explicó que esta disposición no es solo el resultado de la necesidad de implementar el TLC, sino del requerimiento de cumplir con las obligaciones asumidas a nivel internacional, como la Convención Interamericanas Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Así que para cumplir con ambas obligaciones, tanto con los dispositivos internacionales como el del articulo 19.9 del Acuerdo Comercial con Estados Unidos, es que se propone la incorporación del articulo 397 A, del Código Penal”, acotó.

Explicó que la norma ha sido propuesta para que en cualquier modalidad, quien ofrezca, otorgue, prometa a un funcionario del sector público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público, un donativo o promesa, ventaja o beneficio, que redunda en su propio provecho o de otra persona, puede ser sancionado por el delito de cohecho activo transnacional, que es el nombre técnico.

Refirió que a esos dispositivos para la lucha frontal contra la corrupción tanto a nivel nacional como trasnacional, se han incorporado algunas propuestas referidas a los artículos 186-A y 194-A del Código Penal. (Andina)

Diario La República.

Publicado: Mié, 14/01/2009.

Luis Gómez Cornejo

La exposición del Premier referida a la lucha contra la corrupción y las acciones que el gobierno pretende impulsar en este aspecto, le dan un protagonismo exagerado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a su gestión en particular.

En principio el problema de la corrupción abarca a todo el Estado, vale decir a los tres poderes e inclusive al poder electoral, y en cada caso hay que constituir un irreprochable liderazgo y fortalecer las instituciones.

Es cierto que se requiere voluntad política para una lucha frontal contra la corrupción y adicionalmente es necesario contar con un impecable liderazgo, basado en una trayectoria intachable de su mentor, que la conduzca y sostenga.

En este extremo, pese a la poca memoria del pueblo, existen hechos imborrables en la conciencia ciudadana, que llevan a considerar que la mas alta investidura del poder ejecutivo no posee esas cualidades. Por lo tanto el liderazgo le corresponderá al Premier.

Es de imaginarse, por lo tanto, que, siendo absolutamente temporal la presencia del Premier en el cargo, este haya presentado la alternativa de un “plan nacional de lucha contra la corrupción” que no es otra cosa que un conjunto de medidas a cargo de la PCM.

En el presente régimen, el sistema de control y lucha contra la corrupción, ha sido debilitado en todas sus esferas, eliminando funciones y recortando responsabilidades a los organismos autónomos existentes, tanto en la esfera de prevención UIF, como la Contraloría, Consucode y, desde luego, el Ministerio Publico, las procuradurías y los juzgados anti corrupción.

Era de esperar que la PCM, abanderada del sistema actual, nos planteara un reforzado sistema de organismos e instituciones para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, asistimos a un plan o mejor dicho a un listado de buenas intenciones que serán ejecutadas y supervisadas por su oficina. En otras palabras, un plan sin sistema.

La lista de acciones para enfrentar la corrupción incluye la creación de una central de riesgo de funcionarios. En principio es irrelevante e inservible incluir en esa central a todos los funcionarios, en consideración que las acciones de corrupción más importantes son manejadas y operativizadas por un sector de ellos con gran capacidad discrecional sobre los grandes procesos (“FAENÓN”). Me refiero a los funcionarios de confianza, que ocupan los más altos cargos en la administración pública, y lo segundo está referido al efecto del reconocimiento de la primacía de la realidad laboral, cuando los servidores públicos despedidos e inscritos en el registro, reclamen una lluvia de reposiciones.

La Libertad. Con la espada desenvainada. Las sanciones en la Corte Superior de Justicia La Libertad no se harán esperar para los magistrados que no cumplan su función.

Así lo indicó ayer, en su primer día de funciones, el nuevo titular de esta institución, Guillermo Urbina Gambini, quien reveló que se ha detectado hasta cinco despachos que tienen una producción que no alcanza el 1% de trabajo por día; es decir, no resuelven ni una sentencia por día.

Destacó que el nombre de cada una de estas unidades de justicia serán mencionadas en una resolución que se emita hoy, en su segundo día de labor como presidente del Poder Judicial (PJ) en la región.

“He dicho que existe una pluralidad de órganos jurisdiccionales especializados que no cumplen su labor. No son todos, pero sí se ha detectado que existen áreas muy sensibles donde los jueces tienen una producción muy baja, que no llega ni siquiera al 1%, dijo en tono tajante.

Agregó que su gestión implementará un sistema de seguimiento de casos para conocer el avance de cada uno de éstos, los cuales posteriormente serán publicados en la página de Internet del PJ.

Asimismo, advirtió que trabajará estrictamente con el órgano de control de funciones y el Órgano de Control de la Magistratura (Ocma), a fin de evitar cualquier indicio de corrupción al interior de su institución y las que se encuentren serán sancionadas de manera ejemplar.

“me han convocado para el cambio que empieza desde hoy. El órgano de control de la Corte será vigilante y realizaremos operativos inopinados y constantes para verificar que todo el personal administrativo y jueces brinden el mejor trato a los litigantes”, indicó.

También dijo que agilizarán los procesos de investigación y la consulta oral de jueces que no se encuentran capacitadas, y de esta manera se determinarán si una denuncia contra un magistrado es falsa o verdadera.

Independencia total

Urbina Gambini enfatizó que sancionará todo tipo de intervención en los procesos judiciales, y se brindará una total independencia a los magistrados para que realicen una labor eficiente. Incluso, aseguró que él mismo se mantendrá al margen para evitar cualquier tipo de suspicacia que afecte la imagen de la Corte de Justicia.

De otro lado, el nuevo presidente del PJ en la región indicó que mejorará la infraestructura de varios locales de la Corte, uno de los cuales es el espacio utilizado en las afueras del penal El Milagro, que es competencia del Insituto Nacional Penitenciario (INPE).

La oficina del Colegio de Abogados de La Libertad también será implementada para beneficio de todos los usuarios.
Luego de dar por inaugurado el año judicial 2009, el flamante presidente de la corte juramentó a todos los jueces suplentes quienes ejercerán funciones durante el presente periodo.

Su compromiso de modernizar el servicio de administración de justicia, luchar frontalmente contra la corrupción y mantener a la Corte de Piura como una de las mejores del país, mostró el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, Marco Guerrero, al asumir ayer su cargo.

Piura. Además, el electo presidente manifestó a la Prensa que desea trabajar en conjunto para poder lograr fortalecer la transparencia, agradeciendo al saliente presidente por los logros alcanzados.

Enfatizó la implementación de acciones programáticas para el desarrollo institucional, implementando el nuevo código procesal penal llegando al 1 de abril con la menor carga posible.

Indicó que su gestión establecerá sistemas de monitoreo y evaluaciones permanentes en los distintos órganos jurisdiccionales, para cumplir el reto de lograr una oportuna justicia, apoyando la justicia de paz, la notificación virtual, el refuerzo e implementación de la oficina de estadística y el trabajo de ODICMA.

Se ordenará el sistema de seguridad y vigilancia, se reforzará la capacitación del recurso humano, se efectuarán frecuentes plenos jurisdiccionales distritales, mecanismos de promoción e incentivo a los trabajadores por labor destacada, asumiendo como compromiso la transparencia y el acceso a la información, se desterrará la práctica ilegal de la abogacía y trabajará conjuntamente con otras instituciones que administran justicia, implementando coordinación y acciones de los órganos de control para lograr la mejora del sistema de justicia y de la sociedad en su conjunto.

Por su parte el saliente presidente Roberto Palacios Márquez recordó a su padre y abuelo quienes fueron también presidentes de la corte, haciendo un detallado recuento de su gestión 2007-2008, entre los que destacó el combate a los cuatro problemas que aquejaban la administración de justicia, tales como corrupción y sistema de justicia, mejoramiento de la calidad de las resoluciones, lentitud de los procesos y protección al usuario del servicio de justicia. (fuente: Diario El Tiempo)

6 de Enero de 2009

Piura. El flamante presidente de la Corte de Justicia de Piura, Marco Guerrero Castillo, ha exhortado a magistrados y trabajadores a sumarse al cambio de actitudes y mejorar el servicio que brindan.

Fue en la ceremonia de inicio del Año Judicial 2009, en la que el vocal Luis Alberto Cevallos Vegas ha juramentado como jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura.

Guerrero también ha convocado a las autoridades en el esfuerzo que desplegarán para mejorar el sistema de justicia. Y ha invocado a los ciudadanos que denuncien los actos de corrupción y no avalen esas conductas ilícitas, que serán sancionadas drásticamente.

La implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en abril, es uno de los retos más importantes, remarca.

También refiere que está evaluando a magistrados y personal, para seleccionar a los que tendrán a cargo los procesos con el nuevo cuerpo de leyes, que cambia el paradigma del proceso penal.

Se combatirá y sancionará drásticamente los casos de corrupción de magistrados y trabajadores; promoverá una política de coordinación con los órganos de control del Ministerio Público, menciona (Fuente: Diario Correo)