Luis Gómez Cornejo
La exposición del Premier referida a la lucha contra la corrupción y las acciones que el gobierno pretende impulsar en este aspecto, le dan un protagonismo exagerado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a su gestión en particular.
En principio el problema de la corrupción abarca a todo el Estado, vale decir a los tres poderes e inclusive al poder electoral, y en cada caso hay que constituir un irreprochable liderazgo y fortalecer las instituciones.
Es cierto que se requiere voluntad política para una lucha frontal contra la corrupción y adicionalmente es necesario contar con un impecable liderazgo, basado en una trayectoria intachable de su mentor, que la conduzca y sostenga.
En este extremo, pese a la poca memoria del pueblo, existen hechos imborrables en la conciencia ciudadana, que llevan a considerar que la mas alta investidura del poder ejecutivo no posee esas cualidades. Por lo tanto el liderazgo le corresponderá al Premier.
Es de imaginarse, por lo tanto, que, siendo absolutamente temporal la presencia del Premier en el cargo, este haya presentado la alternativa de un “plan nacional de lucha contra la corrupción” que no es otra cosa que un conjunto de medidas a cargo de la PCM.
En el presente régimen, el sistema de control y lucha contra la corrupción, ha sido debilitado en todas sus esferas, eliminando funciones y recortando responsabilidades a los organismos autónomos existentes, tanto en la esfera de prevención UIF, como la Contraloría, Consucode y, desde luego, el Ministerio Publico, las procuradurías y los juzgados anti corrupción.
Era de esperar que la PCM, abanderada del sistema actual, nos planteara un reforzado sistema de organismos e instituciones para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, asistimos a un plan o mejor dicho a un listado de buenas intenciones que serán ejecutadas y supervisadas por su oficina. En otras palabras, un plan sin sistema.
La lista de acciones para enfrentar la corrupción incluye la creación de una central de riesgo de funcionarios. En principio es irrelevante e inservible incluir en esa central a todos los funcionarios, en consideración que las acciones de corrupción más importantes son manejadas y operativizadas por un sector de ellos con gran capacidad discrecional sobre los grandes procesos (“FAENÓN”). Me refiero a los funcionarios de confianza, que ocupan los más altos cargos en la administración pública, y lo segundo está referido al efecto del reconocimiento de la primacía de la realidad laboral, cuando los servidores públicos despedidos e inscritos en el registro, reclamen una lluvia de reposiciones.
La exposición del Premier referida a la lucha contra la corrupción y las acciones que el gobierno pretende impulsar en este aspecto, le dan un protagonismo exagerado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a su gestión en particular.
En principio el problema de la corrupción abarca a todo el Estado, vale decir a los tres poderes e inclusive al poder electoral, y en cada caso hay que constituir un irreprochable liderazgo y fortalecer las instituciones.
Es cierto que se requiere voluntad política para una lucha frontal contra la corrupción y adicionalmente es necesario contar con un impecable liderazgo, basado en una trayectoria intachable de su mentor, que la conduzca y sostenga.
En este extremo, pese a la poca memoria del pueblo, existen hechos imborrables en la conciencia ciudadana, que llevan a considerar que la mas alta investidura del poder ejecutivo no posee esas cualidades. Por lo tanto el liderazgo le corresponderá al Premier.
Es de imaginarse, por lo tanto, que, siendo absolutamente temporal la presencia del Premier en el cargo, este haya presentado la alternativa de un “plan nacional de lucha contra la corrupción” que no es otra cosa que un conjunto de medidas a cargo de la PCM.
En el presente régimen, el sistema de control y lucha contra la corrupción, ha sido debilitado en todas sus esferas, eliminando funciones y recortando responsabilidades a los organismos autónomos existentes, tanto en la esfera de prevención UIF, como la Contraloría, Consucode y, desde luego, el Ministerio Publico, las procuradurías y los juzgados anti corrupción.
Era de esperar que la PCM, abanderada del sistema actual, nos planteara un reforzado sistema de organismos e instituciones para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, asistimos a un plan o mejor dicho a un listado de buenas intenciones que serán ejecutadas y supervisadas por su oficina. En otras palabras, un plan sin sistema.
La lista de acciones para enfrentar la corrupción incluye la creación de una central de riesgo de funcionarios. En principio es irrelevante e inservible incluir en esa central a todos los funcionarios, en consideración que las acciones de corrupción más importantes son manejadas y operativizadas por un sector de ellos con gran capacidad discrecional sobre los grandes procesos (“FAENÓN”). Me refiero a los funcionarios de confianza, que ocupan los más altos cargos en la administración pública, y lo segundo está referido al efecto del reconocimiento de la primacía de la realidad laboral, cuando los servidores públicos despedidos e inscritos en el registro, reclamen una lluvia de reposiciones.
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