SISTEMA ANTI-CORRUPCIÓN: AHORA

Por. Luis Gómez Cornejo/Columnista.

La corrupción ha venido evolucionando, adecuándose a las nuevas circunstancias políticas y económicas contemporáneas. Hemos pasado del accionar individualizado delictivo al ya conocido y denominado como "criminalidad gubernativa", donde los hechos delictivos son cometidos por un conjunto de gobernantes que, al disfrutar de una capacidad de información, influencia y decisión del manejo de la "cosa pública", pueden cometer fácilmente los delitos y evitar su investigación y sanción, contribuyendo así a difuminar la ecuación de legalidad entre Estado y ciudadanos.
Esta destrucción del Estado de Derecho, desbordado por una corrupción generalizada, debe ser afrontada con reformas prácticas y de inmediata implementación, sin olvidar que el sistema contra la corrupción está íntimamente ligada a la modernización del Estado.
Prevención
Es política reconocida internacionalmente que las agencias de prevención de delitos como de "Criminalidad Gubernativa", como son el lavado de dinero proveniente no sólo del narcotráfico, sino también de la obtención ilícita de recursos del Estado, contrabando y otros, deben ser ejecutadas por entidades independientes del Poder Estatal y del Poder Ejecutivo en especial, para que puedan operar con la mayor independencia posible.
Sin embargo el actual gobierno en este aspecto ha venido actuando en el sentido contrario, enviando una señal muy negativa de permisividad de la corrupción, al transferir, por supuestas razones económicas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio de Economía y Finanzas, eliminando así la independencia y autonomía que su función requiere.
La presencia autónoma y reestructurada de la UIF posibilitará que no sólo investigue los delitos derivados del narcotráfico, sino también el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, desde el Presidente, sus ministros y viceministros, hasta los congresistas, presidentes regionales, los alcaldes, los miembros de las fuerzas armadas, los directores generales, los jefes de organismos descentralizados, los directores de Empresas Publicas, etc.
ContraloríaEn cuanto a la Contraloría, se requiere: (a) modificar su perfil operativo para el logro de una gestión pública más eficaz y transparente, (b) establecer regímenes de control diferenciados según la dimensión de los recursos gestionados, pues actualmente se aplica los mismos criterios de control tanto para un pequeño municipio como para una gran corporación pública. (c) Crear una Oficina de Control Especializado, que actúe conjuntamente con la UIF y el Ministerio Publico y se dedique a escrutar casos de alta magnitud o de gran complejidad técnica.